1.- El derecho a la “indemnización por clientela” en el contrato de distribución

El derecho del distribuidor a percibir una “indemnización por clientela” al expirar el contrato de distribución encontró hace años reconocimiento en nuestra jurisprudencia.

Los tribunales vienen entendiendo que esta indemnización comparte su idea inspiradora con la del artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico del Contrato de Agencia. Conforme al primer párrafo de este precepto, cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran.

El contrato de distribución carece en la actualidad de un marco normativo propio. Pero la norma indicada, concebida para regular las relaciones de agencia, podrá ser aplicable a los contratos de distribución cuando estos no contengan previsión expresa alguna sobre la liquidación de las relaciones entre las partes al extinguirse el contrato.

2.- El cálculo de la “indemnización por clientela” en el contrato de distribución

La aplicación analógica de la Ley de Régimen Jurídico del Contrato de Agencia al contrato de distribución presenta algunas dificultades. Uno de los aspectos donde el encaje normativo se manifiesta más complejo es en la denominada “indemnización por clientela”.

El artículo 28.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Contrato de Agencia dispone que la indemnización no podrá exceder, en ningún caso, del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años, o durante todo el período de duración del contrato si éste fuese inferior. La norma no ofrece mayor desarrollo, y no precisa entre otras cosas si se está refiriendo a remuneraciones netas o brutas, dando lugar a interpretaciones diversas al respecto, incluso entre los tribunales.

Según algunas resoluciones, la cantidad a indemnizar al distribuidor por clientela vendrá determinada por el “margen neto” de sus ingresos durante los últimos cinco años de la relación comercial. En este sentido, por ejemplo, las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sec. 15ª) de 11 de abril de 2012, o de la Audiencia Provincial de Madrid (Sec. 9ª) de 4 de julio de 2006.

Otras sentencias han considerado, sin embargo, que el parámetro más adecuado para calcular el importe indemnizatorio a favor del distribuidor en concepto de clientela será el “margen bruto” de sus ingresos obtenidos durante los últimos cinco años de contrato. Ejemplos de esta propuesta son las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sec. 17ª) de 5 de julio de 2000, de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sec. 4ª) de 13 de febrero de 2013, o de la Audiencia Provincial de Madrid (Sec. 20ª) de 29 de abril de 2013.

3.- La sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 30 de mayo de 2016

Recientemente, el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta cuestión. La sentencia de la Sala 1ª de 30 de mayo de 2016 resuelve un recurso de casación planteado por la distribuidora Diego Zamora S.A. en un litigio entre esta mercantil y la fabricante Brugal.

El recurso de casación denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial interpretativa del concepto de remuneración del artículo 28.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Contrato de Agencia, alegando, en síntesis, que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, pese a afirmar que sigue la doctrina jurisprudencial sobre la aplicación analógica al contrato de distribución de las previsiones legales sobre la «indemnización por clientela» contenidas en la Ley del Contrato de Agencia, realmente se aparta de dicha jurisprudencia, por cuanto deduce del margen bruto medio los gastos de publicidad y marketing medios en los que incurrió el distribuidor. Mientras que, según la jurisprudencia, el concepto de remuneración del distribuidor que debe tenerse en cuenta para el cálculo de la indemnización por clientela es únicamente el margen bruto de ventas, es decir, la diferencia entre el precio de venta al público del producto distribuido y el precio de compra del mismo al concedente.

El motivo se desestima. Los términos en que se pronuncia la sentencia no parecen despejar definitivamente los problemas interpretativos que podrían haberse resuelto, quizás, de una manera más concluyente. No obstante, la sentencia sí aporta algunas pautas a tener en cuenta en los futuros conflictos que se produzcan sobre esta materia.

En este sentido, la sentencia considera que:

  • El precepto que se cita como infringido no fija el concreto importe a percibir el agente en concepto de “indemnización por clientela”; sólo establece su máximo.
  • Según la jurisprudencia, en el contrato de distribución la remuneración está constituida por la diferencia del precio de compra y el precio de reventa; pero la doctrina de la Sala no es concluyente en cuanto a si dicho cálculo ha de hacerse sobre diferencias brutas o netas.
  • Hay jurisprudencia conforme a la cual cabe entender que el importe “máximo” a percibir por el distribuidor en concepto de “indemnización por clientela” debe entenderse fijado por sus “beneficios netos”; esto es, por el porcentaje de beneficio que le queda, una vez descontados los gastos y los impuestos, y no sobre el margen comercial, que es la diferencia entre el precio de adquisición de las mercancías al proveedor y el precio de venta al público.

La sentencia, con todo, apostilla finalmente que, en la medida en que la resolución recurrida no se aparta de dicho criterio jurisprudencial, el motivo de casación debe seguir suerte desestimatoria. Máxime –abunda expresamente- cuando la deducción de los gastos medios de publicidad y marketing en el caso resuelto no se hace para pasar del margen bruto al neto, sino que se resta porque dicho coste era una carga contractualmente asumida por el distribuidor.

El pronunciamiento parece importante. No obstante, es posible que los términos en que viene expresado, así como las concretas peculiaridades del asunto que resuelve (los costes deducidos al beneficio del distribuidor en la instancia eran contractualmente de su cargo), relativicen su virtualidad unificadora. Podremos comprobarlo a lo largo de los próximos meses.

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