La Sentencia del Tribunal Supremo 2886/2016, de 15 de junio, Sala de lo Civil, ha fijado como doctrina una regla general por la que el vendedor de un inmueble podrá repercutir al comprador la parte proporcional del IBI anual según el tiempo que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical dentro del año en cuestión, y siempre que no medie pacto en contrario. Ello quiere decir que en ausencia de cláusula en el contrato de compraventa que imposibilite la repercusión, el vendedor podrá repercutir al comprador la parte del IBI abonado correspondiente al periodo de tiempo que medie entre la fecha de la transmisión, y el 31 de diciembre del año en curso.

El IBI es un impuesto que se devenga el 1 de enero de cada año natural, y es sujeto pasivo del mismo quien ostenta la propiedad del inmueble en ese preciso momento, no previendo la norma legal ninguna fórmula de prorrateo anual en caso de transmisión. Ni que decir tiene que ello genera situaciones conflictivas entre vendedor y comprador, porque el vendedor se encuentra en numerosas ocasiones habiendo abonado un impuesto anual que le corresponde por ley, pero a todas luces injusto si ha habido una transmisión del inmueble en los primeros meses del año.

 Para resolver la cuestión, el Alto Tribunal ha decidido sentar doctrina diciendo que “el artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador en proporción al tiempo que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que sea”. El texto del artículo 63.2 citado establece la posibilidad de repercusión de la carga tributaria “conforme a las normas de derecho común”, que no son otras que las de la compraventa (art.1445 y siguientes del Código Civil) por las que la parte compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la entrega (art.609 del Código Civil).

En la sentencia, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por dos sociedades que vendieron a otra empresa 155 plazas de garaje en Madrid, condenando a la compradora a pagar a las vendedoras 8.562 euros del IBI que correspondía al periodo de tiempo que mediaba entre el momento en que se efectuó la compra (marzo de 2009) y el 31 de diciembre de ese mismo año. De este modo, el Alto Tribunal ha establecido como doctrina jurisprudencial la regla general comentada.

 

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