Bajo la rúbrica “Modificación del Código Civil en materia de prescripción”, la disposición final primera de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, otorgaba una nueva redacción a su artículo 1964. Conforme al nuevo párrafo segundo, “Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan”.

La reforma servía así -como expresaba su preámbulo- para llevar a cabo una primera actualización del régimen de la prescripción del Código Civil, con la que se acortaba el plazo general de las acciones personales, que hasta entonces era de quince años.

En su disposición final duodécima, la Ley establecía su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dicha publicación tuvo lugar el 6 de octubre de 2015. Así, la Ley entraba en vigor el 7 de octubre de 2015.

Así, las acciones personales nacidas a partir del 7 de octubre de 2015 que no tengan plazo especial conferido por la Ley, prescribirán a los cinco años.

Lo que interesa destacar en estas líneas es cómo afectó la reforma a las acciones ya nacidas en el momento de su publicación. Como vamos a ver ahora, 2020 puede tener efectos fatales para los titulares de las acciones nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015 que no actúen para su conservación. Ello es consecuencia de lo previsto en la disposición transitoria quinta de la citada 42/2015, de 5 de octubre, que se refiere al régimen de prescripción aplicable a las relaciones ya existentes. Según esta, el tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil y el tenor de este último precepto es que “la prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo”.

Cabe así distinguir dos supuestos.

El primer caso será el de las acciones nacidas antes del 7 de octubre de 2005. Estas acciones conservan su plazo nato de prescripción de quince años. Por ello, su falta de ejercicio o interrupción determinará su expiración al transcurrir dicho plazo, computado desde la fecha de nacimiento de la acción.

El segundo caso será el de las acciones nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015. En este caso, se trata de acciones que, en el momento de su nacimiento, disponían de un plazo de prescripción de 15 años. Ello llevaría su posible ejercicio a fechas posteriores al 7 de octubre de 2020, pero esto es lo que impide la disposición transitoria quinta de la citada Ley 42/2015, de 5 de octubre.

Este es precisamente el aspecto a destacar estas líneas: las acciones personales que no tengan plazo especial, nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015, aunque en el momento de su nacimiento tenían otorgado un plazo de prescripción de 15 años, expirarán el próximo 7 de octubre de 2020 como consecuencia de la disposición transitoria quinta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre.

Los titulares de acciones que se encuentren en esa situación disponen, no obstante, de tiempo suficiente para evitar la pérdida de su derecho. Una primera solución pasa -es evidente- por ejercitar la acción ante los tribunales. Ahora bien, en caso de que por cualquier motivo no considere adecuado por el momento el inicio de la vía judicial, el titular de la acción también podrá conservarla interrumpiéndola extrajudicialmente.

El panorama descrito invita, en cualquier caso, a revisar por clientes y despachos los elencos de acciones pendientes; propuesta que cabe añadir a la lista de propósitos de año nuevo.

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