1. El objeto de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, fue el de incorporar al derecho interno español la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000. El propósito de la norma era, según su artículo 1, combatir la morosidad en el pago de deudas dinerarias y el abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación de los plazos de pago en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración.

La Ley es de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.

Quedan fuera de su ámbito de aplicación los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores, los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades aseguradoras, y las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, que se regirán por lo establecido en su legislación especial.

2. Una de las medidas introducidas por la Ley fue la inclusión de un régimen especial para el tratamiento de los intereses de demora a aplicar a los importes que fueran objeto de desatención por parte del deudor.

En este sentido, la Ley determina un principio de devengo automático de intereses. El obligado al pago de una deuda comercial incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por la Ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor.

Además, la Ley prevé un tipo de interés agravado para las deudas comerciales. El criterio general que establece la Ley es que el tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del que haya aplicado el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate, más ocho puntos porcentuales. Este importe, que se publica semestralmente en el BOE, asciende en la actualidad al 8%.

3. La sentencia de Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 17 de octubre de 2017 recuerda la vigencia de este régimen legal y establece como doctrina que la Ley de Morosidad se aplica a las deudas contraídas entre una empresa y su despacho de abogados.

La sentencia recuerda que “la promulgación de la Ley responde, entre otras razones, al problema que plantea la morosidad en el pago de las deudas dinerarias bien con relación a la entrega de bienes, o bien con relación a una «prestación de servicios». Concepto que comprende, en principio, la prestación de servicios jurídicos. (…) la prestación de servicios que realiza un despacho profesional queda bajo la cobertura de dicha Directiva y, por tanto, sujeta a la aplicación de la Ley 3/2004 y a los intereses de demora previstos en ella.

Por último, y conforme a lo anteriormente señalado, tanto la Directiva (considerando núm. 13 de la de 2000 y núm. 8 de la de 2011), como la norma nacional (artículo 3.2), cuando delimitan subjetivamente el ámbito de aplicación de la norma, mediante una exclusión expresa, no contemplan las deudas e intereses derivadas de la prestación de servicios jurídicos realizados por un despacho profesional, y, por tanto, con independencia de su condición de persona física o jurídica. Por lo que a los intereses aquí reclamados le resulta aplicable la citada Ley 3/2004, de 29 de diciembre”.

4. La resolución que comentamos aboga claramente por una interpretación amplia de la Ley de Morosidad, que aconseja al empresario tenerla en cuenta al establecer los calendarios de pago a los profesionales que contrata en su actividad para la prestación de servicios de distinta índole.

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