La Ley Orgánica 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por lo tanto, desde el año 2010, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos tanto por sus administradores o representantes legales, como por quienes, estando sometidos a la autoridad de éstos, hayan podido cometer los delitos tipificados en la norma, por no haberse ejercido sobre éstas “el debido control” por los citados representantes legales.

Se introducía, asimismo, como causa atenuante de esta novedosa responsabilidad penal el establecimiento de “medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”. Sin embargo, no se definía en qué consistían esas medidas de control ni se establecían los requisitos de las mismas.

Es con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015, cuando se aclaran algunas dudas que en la práctica se habían suscitado entre los operadores jurídicos e instaura con mayor claridad los sistemas de prevención de riesgos penales en las empresas.

Lo que en definitiva realizó la reforma es delimitar el concepto de «debido control», y en este sentido, el nuevo artículo 31 bis del Código Penal, detalla los requisitos de lo que ya se conoce como Protocolo de Prevención de Delitos (también denominado como Programa de Corporate Compliance), y cuya confección antes de la comisión del delito, permitirá la exención de la responsabilidad penal de las entidades tanto si se trata de delitos cometidos por los representantes de la entidad como por aquellos dependientes de éstos últimos.

Es decir, para evitar la responsabilidad penal de la entidad, es necesario que antes de la comisión del delito, se hubiera adoptado con eficacia un modelo de organización y gestión que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión de delitos en nombre y por cuenta de la empresa. 

Este modelo de prevención deberá ser supervisado por un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control, denominado Compliance Officer.

En definitiva, el Corporate Compliance  se ha convertido en una necesidad para nuestras empresas si quieren protegerse de posibles delitos cometidos por representantes, empleados o personas que estén bajo la autoridad de aquéllos, pues las penas que el Código Penal prevé pueden ir desde importantes multas económicas a la propia disolución de la entidad, por no hablar del daño reputacional.

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